La eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia, ha defendido este martes ante el pleno del Parlamento Europeo la apuesta de EAJ-PNV por un modelo de colaboración público-privada que ayude a dar soluciones al reto de la vivienda. Lo ha hecho durante el debate previo a la votación del primer informe sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea que ha aprobado este martes la cámara europea. “Quiero hacer un llamamiento a favor de los pasos y acciones que salen de este informe: reducción de burocracia, ayudas para jóvenes y colectivos vulnerables, movilización de la oferta sea de la mano y colaboración de un modelo público-privado que ponga límites a prácticas abusivas y de una solución real e integral con efecto directo en el mercado inmobiliario”, ha reivindicado.
Durante su intervención, la representante jeltzale ha recordado que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, sea cual sea su opción, en propiedad o en alquiler, y se ha hecho eco del compromiso del clúster vasco de la construcción por aportar soluciones al problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca y europea. “Más allá de las grandes promotoras y constructoras hay una industria que genera 122.000 puestos de trabajo en Euskadi. Está formada por pequeñas empresas, fábricas de ventanas, de cemento, de materiales, electricistas, albañiles, ingenierías, gestión de residuos, robótica e innovación. También quieren aportar para garantizar el acceso a una vivienda digna”, ha resaltado.
Aunque la Unión Europea no tiene competencias directas en materia de vivienda, el informe aprobado da pistas de por dónde plantea avanzar la Eurocámara: “La situación es que, uno de cada diez hogares en la Unión Europea, destinan más del 40% de sus ingresos a vivienda, que entre 2010 y 2025 los alquileres aumentaron cerca de un 30% y los precios de compra más de un 60%. Mientras tanto, la concesión de permisos de construcción ha caído más de un 20% desde 2021. Tenemos que construir más y más rápido, con menos burocracia, y con una fiscalidad que apoye a los hogares de renta baja y media porque el acceso a una vivienda debe seguir siendo un derecho”, ha resumido Agirregoitia.
En su informe, los y las eurodiputadas urgen a acelerar la concesión de permisos de construcción, con el establecimiento de un plazo de sesenta días para la obtención de licencias de obra, a simplificar y reducir los procedimientos administrativos, a facilitar la renovación y reconversión de edificios asignando fondos específicos en el Plan de Vivienda Asequible y a analizar la dinámica de precios, incluidas evidencias sobre posible especulación abusiva. Además, condenan la ocupación ilegal de viviendas y piden mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para proteger al pequeño propietario, particularmente a aquellos que dependen de los ingresos por alquiler como medio de subsistencia como pueden ser los pensionistas.
Al mismo tiempo reclaman salvaguardas para los inquilinos, para que estén más protegidos frente a cualquier intento de aumentar la renta de forma desproporcionada. El informe, que reclama una proporción adecuada de vivienda pública y social en las ciudades, también subraya la urgencia de combatir el sinhogarismo, con particular atención al sinhogarismo infantil, y la necesidad de garantizar la accesibilidad de las viviendas para las personas con discapacidad. Por último, el documento refuerza a las autoridades locales y regionales, al reconocer que su papel es “clave” para determinar las necesidades de vivienda y contribuir a las estrategias estatales, y aboga por revisar las normas sobre ayudas estatales para facilitar la inversión pública en vivienda social y por reasignar fondos no utilizados del plan de recuperación.
