La eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, ha lamentado este miércoles la aprobación en el Parlamento Europeo del reglamento de retorno de personas migrantes, que establece los procedimientos para el retorno de nacionales de terceros países que permanecen ilegalmente en la Unión Europea, al considerar que no ofrece salvaguardas suficientes para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
“Necesitamos una migración ordenada, regular y segura, mucho más vinculada a la inserción laboral y con derechos y obligaciones, pero que sea digna y humana. Y, el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo y sometido hoy a votación, no es digno. Estamos de acuerdo en que necesitamos una política de retorno que funcione y sea eficaz, pero este texto cruza algunas líneas rojas con las que no estamos de acuerdo y por eso hemos votado en contra y a favor de reabrir la negociación del texto del acuerdo”, ha valorado la jeltzale.
Entre los elementos más controvertidos incluidos en la regulación destaca la posibilidad legal de crear centros de detención en países de fuera de la Unión Europea, sin control ni supervisión de la UE, a los que enviar a personas con orden de retorno firme. Los menores no acompañados quedan excluidos, pero no las familias con menores a su cargo que también podrán ser enviadas a los citados centros.
En opinión de Agirregoitia, no se pueden defender los valores europeos y después aceptar la expulsión de menores a centros en terceros países con los que no tienen ninguna relación y donde no se sabe cómo se respetan sus derechos. “Se mire por donde se mire es un mal acuerdo. No podemos hacer seguidismo de las posiciones de la extrema derecha, que lo que están haciendo es debilitar el Pacto de Asilo e Inmigración que acaba de entrar en vigor hace unos días y la protección de los derechos fundamentales. Queremos una política de retorno más eficaz pero no se puede expulsar a personas sin garantías de protección. La Unión Europea debe responder con firmeza, pero también con humanidad”, ha recalcado.
Según el reglamento, las personas de terceros países en situación irregular estarán obligadas a cooperar con las autoridades, lo que incluye facilitar información y documentación cuando le sea solicitada y permanecer en el territorio del Estado miembro. Si no cooperan, presentan riesgo de fuga o suponen un riesgo para la seguridad podrán ser detenidos. El período de detención podrá ser de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarlo a 30 meses, y la medida también podrá aplicarse a menores no acompañados y familias con menores a su cargo.
